 Costa Rica: Multa a migrantes afectaría a familias binacionales y a la economía tica. Publicado por Alonso Mejía en La Nueva Prensa CR El Ministerio de Gobernación de Costa Rica prorrogó por un año la multa de $100 mensuales a las personas migrantes irregulares, que empezaría a regir el 20 de abril. Quxabel Cárdenas, coordinadora de la Asociación Enlaces Nicaragüenses y experta en temas migratorios, expone a LA NUEVA PRENSA las repercusiones que conllevaría la aplicación de la multa para las familias binacionales, y cómo afectaría a la economía y a la sociedad costarricense. ¿Cómo reciben las organizaciones promigrantes el decreto de Gobernación de prorrogar por un año más la multa? Significa una gran tranquilidad para miles de trabajadoras domésticas y del sector agroindustrial, las que dan servicio en las sodas, a los trabajadores de la construcción y demás, pero también da tranquilidad a los empleadores que ocupan de la mano de obra de esas personas. Significa un año de estabilidad a la economía y a la sociedad, dado el inmenso aporte que da el migrante. Lo pueden decir los productores de piña, de banano, de caña de café, o de flores para exportación, que acuden a la frontera norte a buscar mano de obra nicaragüense. Por ejemplo, las mujeres costarricenses profesionales tendrán la tranquilidad de que por un año más tendrán a sus trabajadoras de confianza que les cuidan a sus hijos o trabajan en sus casas. Diversos estudios especializados confirman la interdependencia del mercado laboral y la mano de obra extranjera, y en particular la nicaragüense. Pero además el hecho de que se suspenda la multa lleva tranquilidad a miles de familias binacionales constituidas por costarricenses y extranjeros, con hijos tanto costarricenses como nicaragüenses. Gobernación aduce que prorroga la multa porque Migración y Extranjería no tiene las condiciones ni un sistema bancario para recaudar la multa. Más allá de esta razón meramente administrativa, ¿qué implicaciones tiene para la economía costarricense y para las familias binacionales una multa que desde que se aprobó en 2009, ha sido prorrogada por los gobiernos de Oscar Arias y Laura Chinchilla de Liberación Nacional, y por los gobiernos de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado del PAC? Es interesante preguntarse ¿porqué por nueve años se ha postergado la multa? Sencillo: porque es inviable, insostenible y absurda. ¿Cómo le vas a pedir a una persona trabajadora que gana 300 dólares al mes, que guarde 100 dólares mensuales para pagar una multa y no estar con la angustia de caer en una redada de la policía y la deportación, o en manos de los coyotes en la frontera? Además la multa es desproporcionada, porque castiga a los más pobres. El artículo 33 de la ley impone el mismo monto a un empresario que devenga altos ingresos, como a una trabajadora que está en lo más bajo de la escala salarial. Un empresario puede pagar cien dólares en una salida al restaurante, pero para una empleada doméstica es el pago de techo en un tugurio, para ayudarle a la pareja que también gana muy poco como guarda y que incluso puede ser tico. ¿Por qué por nueve años se ha postergado la multa? Sencillo: porque es inviable, insostenible y absurda. ¿Cómo le vas a pedir a una persona trabajadora que gana 300 dólares al mes, que guarde 100 para pagar una multa (para) no caer en una redada de la policía y la deportación, o en manos de los coyotes en la frontera? Hay que hacer un análisis social sobre qué pasaría si las personas irregulares, que son padres y madres responsables que trabajan hasta doce horas en muy duras condiciones para que sus hijos, que son niños y jóvenes costarricenses puedan estudiar, tuvieran que abandonar el país. Entonces es un tema no solamente de política laboral, sino también de política social. Lo que necesitan estas personas es un diálogo entre el Estado y los empleadoras para que cumplan la ley y de esa manera dejar de ser irregular.  La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), recomienda al Estado costarricense impulsar tres ejes para potenciar el aporte económico de las personas migrantes al país: regularización, empleo y educación. Hasta el momento, si cotejamos los datos emitidos por el Ministerio de Trabajo, de Educación y de la misma Dirección General de Migración y Extranjería, podemos afirmar que hay déficit en el cumplimiento de estas recomendaciones. ¿Es necesaria una reforma a la ley de Migración y Extranjería para poder cumplir con estas recomendaciones de la OCDE? En la reforma a Ley de Migración no se puede omitir la importancia económica y social de la población migrante. ¿Qué es más conveniente, gastar en patrullas, centros de detención, horas extras de los policías y en armamento, o ampliar las estructuras de atención de Migración, reducir los costos de la regularización, y que esta población migrante tenga trabajo digno y decente y aporte a la seguridad del país junto con los empleadores? Una política de perseguir, amedrentar y deportar en aras de la seguridad nacional, es un enfoque que rompe con el imaginario mundial de que Costa Rica es un país respetuoso de los Derechos Humanos. ¿Qué acciones tomaron las organizaciones migrantes ante la amenaza de la multa? La Red Nacional para las Migraciones (RedNam), y otras organizaciones promigrantes tienen un año de estar trabajando en incidencia para la reforma migratoria con menores costos, proporcional y no retroactiva, y hemos encontrado en funcionarios públicos una gran capacidad de escucha y diálogo. Hemos hecho visitas a las fracciones legislativas exponiéndoles el impacto negativo de la aplicación de la multa. Nosotras creemos que el país gana sin multas. Los migrantes pagamos 32 dólares de visa, 375 dólares para obtener nuestro documento migratorio, 125 dólares cada año por la renovación de la residencia, 200 dólares por cambio de categoría migratoria, más el pago del seguro social. ¿Cuánto dinero tiene el Estado en sus arcas generado por el Fondo Social Migratorio donde cada uno de los migrantes pagamos 25 dólares, que se ocupa por ejemplo en la repatriación de costarricenses fallecidos en el exterior. El puesto fronterizo de Tablillas se realizó con un fuerte aporte de los 7 dólares que se paga de impuesto terrestre cada vez que salimos del país. Cada migrante paga alrededor de 600 dólares anuales en distintos pagos. Los trabajadores irregulares lo que quieren es que sus empleadores les permitan cumplir con sus obligaciones, pero para esto se necesita que les se les extienda el permiso laboral y que la Caja del Seguro Social defina un monto de aseguramiento acorde con el salario mínimo que devenga el migrante trabajador. ¿Qué opinión le merece la posición de la Defensoría de los Habitantes ante la aplicación de la multa? Una semana anterior al vencimiento de la prórroga, en sesión del Foro Permanente de Población Migrante las organizaciones presentes expresamos nuestra preocupación, y nos satisfizo profundamente la capacidad de escucha de la Defensoría de los Habitantes, que recomendó una amplia campaña de información previa a la aplicación de la multa, pidió un informe a Migración y además mostró algunas inconsistencias para la aplicación de la multa. Nuestro mensaje a los diputados es que siempre hemos querido regularizarnos, que nos faciliten una regularización accesible a una población que sostiene rubros vitales para la economía costarricense. Los trabajadores irregulares lo que quieren es que sus empleadores les permitan cumplir con sus obligaciones, (…) que les se les extienda el permiso laboral y que la Caja del Seguro Social defina un monto de aseguramiento acorde con el salario mínimo que devengan.  En las redes sociales se hacen notar voces de diputados que se oponen a la prórroga. ¿Qué acciones van a impulsar desde las organizaciones de la sociedad civil para que no se vete en la Asamblea Legislativa esta prórroga a la multa que da un año de respiro a los migrantes? Esto es un tema para ponerlo en agenda pública. Hay cien mil costarricenses nacidos de padre o madre nicaragüense; por lo que esta ley tienen repercusiones en estas familias costarricenses, que esperan un marco de protección de los legisladores. Tal realidad debe llamar a la reflexión a algunos diputados que están dejándose llevar por emociones y no por datos contundentes. ¿Qué mensaje le da a la población migrante, a la sociedad costarricense y a los diputados ante esta situación? Amigas y amigos migrantes, haga saber a su empleador que con su salario usted no puede pagar la multa. Explíquele las dificultades que ellos tendrían sin la fuerza laboral del migrante. Porque una persona es sustituible, pero miles de personas no somos sustituibles. Escribamos mensajes con respeto y argumentos sólidos, a pesar de los sentimientos de frustración que a veces sentimos por la explotación o las malas condiciones en nuestros espacios de trabajo. Decían las compañeras de Enlaces Nicaragüenses de la comunidad de Río Azul: “Señor diputado, si yo, por estar irregular pierdo mi trabajo, quién va a mantener a mis hijos costarricenses, me va ayudar usted?”. Hay que hacer uso del celular y las redes sociales. Ahorita el músculo del dedo pulgar es importante para mandar y reenviar mensajes al vecino, al amigo o a familiares para mantenerlos informados. No tengamos miedo, mostremos el número que somos, no somos cinco ni diez, somos miles los que componemos la fuerza laboral migrante en Costa Rica. Hay cien mil costarricenses nacidos de padre o madre nicaragüense; por lo que esta ley tienen repercusiones en estas familias costarricenses, que esperan un marco de protección de los legisladores. 
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