 Publicación original en La Nueva Prensa, por Alonso Mejía. La coordinadora de la Asociación Enlaces Nicaragüenses, Quxabel Cárdenas, nos revela aspectos del trabajo que han desarrollado en Costa Rica a través de dos décadas de lucha por los derechos de las mujeres migrantes.
El Consejo integra a ocho viceministerios y dos organizaciones de la sociedad civil con carácter rotativo cada 2 años. Enlaces Nicaragüenses está culminando su período. Las organizaciones civiles han propuesto a las autoridades encontrar formas de regularización adecuadas de los distintos grupos de población migrante indocumentada. El Gobierno ha emitido varios decretos, como el Decreto Agrícola para proteger al sector agroindustrial; el Decreto de Protección Complementaria, que es una forma de regularización para los solicitantes de refugio cuya petición de refugio fue denegada, y el reciente Decreto de Regulación de Estudiantes. En octubre de 2020 se acordó crear una Mesa o especie de comisión dentro del Consejo para abordar la situación de esta población. Enlaces Nicaragüenses presentó un oficio en mayo de 2020 ante el Ministerio de Diálogo Ciudadano y Asuntos Políticos para que protegiera a menores costarricenses regularizando a sus madres y padres irregulares que sufren el impacto del Covid-19. Para nosotras es fundamental bajar los costos y flexibilizar los requisitos.
Otro grupo importante son padres y madres que tienen vencidos sus documentos. Al quedar desempleados debido a la pandemia se le han acumulado los pagos pendientes del seguro social, que ahora le resultan impagables. ¿Cómo se puede resolver ese caso? Como se resolvió en 2012, cuando se creó un mecanismo especial donde se regularizaba a bajos costos y flexibilización de requisitos. El Estado y la Caja del Seguro Social, al regularizar migrantes, garantizan que ingresan a las arcas del estado importantes fondos. Por ejemplo: Si yo soy costarricense y pierdo mi cédula, el Estado me entrega la cedula sin ningún costo. Pero para la persona migrante obtener una cédula o un permiso de trabajo, asciende a más de 375 dólares. Y cada año, por renovación, se pagan 125 o 130 dólares. Esto genera un alto monto acumulado en el Fondos Social Migratorio. Con esos fondos se ha invertido en los CATEM por ejemplo (Centros de Atención Temporal a los Migrantes en Tránsito), fondos para la Policía Profesional de Migración, estudios de Investigación hechos por la DGME, y para Infraestructura. A esto hay que sumar el impuesto de los 7 dólares por el tránsito por vía terrestre, el costo de 33 dólares de la visa para ingresar a Costa Rica, el pago del call center al llamar a Racsa o a Correos de Costa Rica para las gestiones de documentos de identidad, que asciende hasta los 10 o 20 dólares, y el pago a la CCSS.
La recomendación nuestra es que el método de regularización para estudiantes no se venza el 29 de noviembre 2021, sino que quede abierto, porque ha octubre no se ha logrado la meta de regularizar a dos mil estudiantes. Hemos propuesto desde 2019, que se regularice a los niños indocumentados que no están en el sistema educativo, en sintonía con la Convención de Protección a la Niñez y la Adolescencia. Enlaces Nicaragüenses lucha y apuesta por la sensibilización ante estas realidades. Porque si un adolescente indocumentado llega a los 18 años, pasa a ser sujeto del control de flujo migratorio, exponiéndose a una deportación como mayor de edad. Ahí se concentra uno de los pilares de las metas del acuerdo internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible firmado por Costa Rica.
En 2020 el Ministerio del Trabajo recomendó a la DGME la suspensión de los permisos de trabajo para las empleadas domésticas migrantes, aduciendo que éstas sustituían a las trabajadoras nacionales. En la pandemia muchas empleadoras desconocieron el salario mínimo, el horario, las horas extras y el derecho a la salud de sus trabajadoras migrantes. Hubo empleadoras honestas, pero no son la mayoría. Con el confinamiento, hubo casos graves de empleadas quienes no podían salir por tres meses porque se les prohibía para no llegaran a trabajar contagiadas del virus. El Ministerio del Trabajo hizo una rectificación en abril de 2021, y recomendó a la Dirección General de Migración reabrir los permisos de trabajo por un año, válido hasta el 5 de abril de 2022. Pero esto fue gracias al trabajo incesante de las organizaciones civiles como Enlaces Nicaragüenses, la Asociación de Trabajadoras Domésticas y la Red de Mujeres Nicaragüenses, que abordamos el caso desde noviembre del año pasado ante el Consejo Nacional Migratorio, ante el Foro de Población Migrante, y ante la Comisión Nacional de Seguimiento Contra la Violencia a la Mujer, del Inamu. Las empleadoras prefieren a una trabajadora migrante por varias razones: una trabajadora del hogar nacional, trabaja por horas cerca de su casa, en un esquema de trabajo que le permite desarrollar su relación de familia, de comunidad y su proyecto de vida personal. La trabajadora migrante, por su situación, es más flexible a las exigencias de sus patronas. Quitarle a ese 40 por ciento del total del sector que son trabajadoras migrantes la posibilidad de documentarse con un permiso laboral, es abandonarlas a la explotación laboral.
La plataforma digital ¨Trámite Ya¨, no es de fácil acceso a las trabajadoras domésticas migrantes. La comunidad china, a julio 2021, llevaba 1.400 solicitudes de permiso laboral, mientras que la comunidad nicaragüense apenas llevaba 40. El análisis nuestro es que con fronteras cerradas no se puede ir a Nicaragua a traer los documentos que exige Migración, los costos no han sido flexibilizados, y los empleadores en pandemia, prefieren despedir que dar un permiso. Pero el problema principal es que el empleador no está dispuesto a dar la carta de solicitud de empleo que le pide Migración, para no pagar la cuota patronal del aseguramiento y porque siente que hay intromisión del Estado al tener conocimiento de sus ingresos. Las organizaciones de mujeres migrantes especulamos que 19 mil trabajadoras domésticas indocumentadas podrían tener cambios hacia un trabajo digno, si logramos una respuesta positiva a nuestras recomendaciones. Por eso hacemos un llamado a las trabajadoras a que busquen el permiso de trabajo a como puedan, y un llamado a las costarricenses de los distintos gremios y que son empleadoras, a que apoyen a sus trabajadoras del hogar en la gestión del permiso de trabajo. Hay que recordar que por ley la explotación laboral esta sancionada.
Un sondeo de Enlaces Nicaragüenses demostró la situación vulnerable en que estaba quedando la población migrante indocumentada ante la propagación del coronavirus. Recordemos que el trabajo doméstico y el de construcción, y otros sectores de servicio, ejercido en su gran mayoría por nicaragüenses, son presenciales, por lo que tienen que movilizarse a sus centros de trabajo, con el riesgo de contraer el virus, y los indocumentados, sin poder ir a que lo atendieran en un centro de salud. Son sectores bastiones de la economía nacional, porque se ha podido seguir exportando, continuar con los servicios al cliente, con servicios de guardas de seguridad y otros. Vemos como un importante avance de política pública en salud el separar la atención epidemiológica del estatus migratorio y de las medidas de control del flujo migratorio. Reconocemos y nos alegra la apertura del Ministerio de Salud y agradecemos la acción de la Mesa Patriótica para la Vacunación en este tema. Eso demuestra además la importancia de la población migrante, porque no hay lugar en Costa Rica donde no esté un trabajador o una trabajadora migrante empujando la economía nacional. 
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